Hoy en día, los ciberataques más comunes son a través del DNS, considerados dentro de la red en la capa de aplicación y le cuesta en promedio a una empresa más de 40 millones de pesos, afirmó el directivo de esta compañía mexicana.
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Guillermo Chávez, director de Tecnología de B–Drive IT, reveló datos y cifras sobre un problema al que se enfrentan las empresas: los ciberataques
26-04-2019, 5:04:51 PM
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Desde el cuidado de la imágenes hasta el control de la información que se ingresa en una red wifi pública. Las recomendaciones de los especialistas.
La privacidad en Internet, un tema que preocupa entre los usuarios. (Foto: Kacper Pempel/Reuter)
Internet abrió una infinidad de oportunidades tanto laborales como sociales, sin embargo también permitió la entrada de una nueva forma de cometer delitos informáticos. La información más vulnerable son los datos personales. Una información que los usuarios suelen entregar constantemente a diferentes empresas, pero que resulta complicado saber si en quien confiamos nuestros datos cumple con la legalidad.
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La justicia evalúa qué valor jurídico pueden tener los emoticonos o botones como los de ‘me gusta’ o ‘retuit’.
Hace unos días un juzgado de Vigo otorgó la categoría de contrato verbal a una conversación de WhatsApp entre los propietarios de una vivienda y su futura inquilina. La sentencia, que le sirvió a los caseros para echarla por no pagar lo acordado, estima que el intercambio de mensajes entre ambas partes, en el que se cruzaron los datos bancarios y fotos de los DNI, es un acuerdo jurídicamente válido y, por tanto, exigible ante los tribunales. El caso pone de manifiesto dos realidades. La primera es la falta de una conciencia plena de que las redes sociales no son un espacio sin ley y lo que allí se expresa puede tener consecuencias legales. La segunda es cómo los tribunales, a pesar de su resistencia inicial, han tenido que integrar en su día a día la valoración de lo que sucede en el entorno digital, una labor nada sencilla para órganos acostumbrados a trabajar con la realidad física. Esta última circunstancia ha planteado un nuevo reto que aún no está resuelto.
El lenguaje en Internet no solo se compone de palabras, sino que también está enriquecido con emoticonos. Cabe expresar posturas o sentimientos no solo a través del lenguaje, sino también con botones como los de me gusta, recomendar o retuit. ¿Puede equivaler el emoticono de un pulgar hacia arriba a la aceptación de un contrato? ¿servirían una cara enfadada junto con un cuchillo para probar que una frase es una amenaza? ¿es el retuit (y, por tanto, la redifusión a los propios seguidores en Twitter) del vídeo de un insulto o una agresión una conducta punible?
En España, de momento, son pocas las sentencias que han entrado a valorar estos extremos. Una de ellas la dictó la Audiencia Provincial de Alicante, que condenó a un hombre por quebrantamiento de condena por enviar dos emoticonos (a pesar de que eran amables) a través del chat de Facebook a su expareja. El individuo, a quien se le impuso una pena de nueve meses de prisión, tenía prohibido comunicarse con ella mediante cualquier medio por conductas de acoso. Los iconos, por tanto, comunican.
En otros países han llegado, incluso, a interpretar su contenido. Gonzalo Hierro, abogado de Samaniego Law, narra cómo en Israel, hace dos años, una pareja fue condenada a indemnizar al dueño de un piso de alquiler por hacerle creer que iban a arrendarlo. Después de visitar el piso, los posibles inquilinos enviaron un mensaje al casero manifestando su voluntad de quedarse con él, acompañado de tres iconos: una botella de champán, una ardilla y una cometa. Según los jueces, la efusividad del mensaje hizo que el propietario creyera que iban a suscribir el contrato, cosa que finalmente no hicieron, por lo que sentenciaron que la pareja debía abonarle una mensualidad como compensación.
El fenómeno, en cifras
Un estudio elaborado por la Universidad de Santa Clara (California) indica que, de 2004 a 2019, los emoticonos fueron mencionados en 171 sentencias en Estados Unidos, con una evolución creciente: el 30% de ellas se dictaron en 2018. Una tendencia que también se aprecia en España, en donde solo el año pasado el término emoticono se empleó en 50 resoluciones judiciales, más del doble que en 2017, que se hizo en 20. Durante este ejercicio, son 16 los fallos que lo emplean, 13 en vía penal y tres en lo social.
“Es un fenómeno que no para de crecer. En EE UU ya se estudia en las facultades de Derecho y los colegios de abogados”, explica Hierro. Precisamente, en este país, se detuvo y acusó a un hombre de proxenetismo por la interpretación que se hizo de los emoticonos empleados en un mensaje de Instagram que decía “el trabajo en equipo hace que el sueño funcione”. La frase aparecía acompañada de una corona, un tacón y un saco de dinero. El abogado defensor alegó que era un mensaje romántico. Sin embargo, un experto en tráfico sexual constató que los tacones altos se usaban “para ganar algo de dinero”. Esta, junto con otras pruebas y evidencias, justificó la condena.
En Francia, los emoticonos han sustentado una acusación de amenazas. Así sucedió en el caso de un joven de 22 años al que se le impusieron seis meses de prisión y el pago de 1.000 euros por daños morales a su expareja, menor de edad, por enviarle el icono de una pistola. En Michigan, en Estados Unidos, se juzgó si era punible un comentario en un foro acusando a un funcionario de corrupción. Sin embargo, como iba acompañado de una carita sacando la lengua, los jueces concluyeron que era una broma y no podía considerarse difamatorio.
Interpretación judicial
¿Es posible, por tanto, predeterminar el valor legal de un emoticono? Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid afirma que a priori no, sino que habrá que estar muy atento al contexto. Según explica, estos dibujos conllevan una declaración de voluntad, pero siempre sometida a valoración. “Pueden ser una prueba de cargo o de descargo, que ayuden a convencer de unos hechos o a restarles credibilidad”. En todo caso, insiste en subrayar que lo que se haga en las redes sociales o chats “tiene efectos jurídicos, salvo que la ley exija una determinada forma legal”. Se refiere a contratos, por ejemplo, que requieren escritura pública o ser firmados en determinadas condiciones. La prueba digital, concluye, ya es el pan de cada día de los tribunales.
En cuanto a si un me gusta o retuit puede llevar a su autor a los juzgados, la respuesta del magistrado es sí. Sin embargo, en la práctica, no están llegando casos así a los tribunales por la dificultad de probar la intención de quien pulsa esas opciones. Y eso, lamenta Delgado, provoca cierta sensación de impunidad. “En las redes se están produciendo delitos salvajes, cuya persecución y prevención es un reto de toda la sociedad. Muchas veces, ni el autor ni la víctima son conscientes de la gravedad”.
Obtenido de: https://elpais.com/economia/2019/10/11/actualidad/1570792235_849723.html
Madrid 11 OCT 2019 - 19:09 ART
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LA HAYA (AP) — Los cibercriminales utilizan nueva tecnología y explotan las vulnerabilidades existentes en internet mientras cambian su interés hacia objetivos más grandes y rentables, informó la agencia policial de la Unión Europea en un reporte publicado el miércoles.
Europol señaló en su reporte anual titulado Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado en Internet que, dado que los datos digitales son un objetivo clave, "la seguridad de datos y conciencia del consumidor son primordiales para las organizaciones".
"Aunque debemos adelantarnos para anticipar los desafíos que puedan traer las nuevas tecnologías, legislación e innovación criminal, no debemos olvidar ver hacia atrás", dijo la directora ejecutiva de Europol Catherine De Bolle. "Las nuevas amenazas continúan surgiendo de las vulnerabilidades que surgen en los procesos y tecnologías establecidas".
El informe _cuya intención es informar a la policía y legisladores sobre las tendencias de los delitos digitales_ también menciona la "sobrecarga de datos" en los esfuerzos por contrarrestar las imágenes en internet de abuso sexual infantil.
Los avances en el "deep fake" _tecnología avanzada con la que se pueden manipular imágenes para que alguien parezca que dijo o hizo algo que no es real_ también "podría ser una preocupación para la explotación sexual infantil en línea", según el informe.
Una mayor cooperación entre agencias de control, equipos de seguridad informática y otros, es clave para atacar los ciberataques importantes, agrega.
Aunque está disminuyendo el número de ciberataques, los agresores se concentran en "objetivos más rentables y un mayor daño económico", advierte. El engaño a la gente para que pague un rescate a cambio de sus datos, conocido como "ransomware", sigue siendo la principal amenaza, dice el informe.
La organización policial internacional Interpol también advirtió el miércoles sobre una forma de delito cibernético que se aplica cada vez más.
La Interpol lanzó una campaña de concientización pública enfocada en el engaño conocido como "email corporativo comprometido" (BEC, por sus siglas en inglés), en donde empleados reciben peticiones de dinero en correos electrónicos supuestamente enviados desde sus propias compañías.
"Con más de 1,000 millones de dólares perdidos por fraudes BEC sólo el año pasado, este crimen relativamente desconocido se convierte rápidamente en un fenómeno global", dijo Craig Jones, director de ciberdelito en Interpol.
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La Justicia tuvo que tratar una acción de habeas data interpuesta por un hombre, que buscaba que Google borre un enlace sobre información vinculada a una condena cumplida en Estados Unidos hace más de 20 años. En primer término, se consideró que se trató de un pedido de aplicación del derecho al olvido, pero la Cámara Civil y Comercial Federal cambió el encuadre legal.
El encuadre de una acción de habeas data generó una disputa jurídica en el seno de la Cámara civil y Comercial Federal, que discrepó con la postura de un juez de Primera Instancia de encuadrar una acción, originariamente planteada como un habeas data, como si fuera un pedido de derecho al olvido.
La causa “G. G., S. M. c/ Google Inc s/ medidas cautelares” fue iniciada por un hombre que pretendía que Google proceda a eliminar de su buscador “cierto enlace que remite a información sobre su persona”, que se vincula con una condena cumplida en Estados Unidos “hace más de 20 años”.
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La jueza Cecilia Mólica Lourido, titular del Juzgado N° 20 en lo CAyT de la Ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta por la familia de un niño, quien sufrió mala praxis durante su nacimiento y que derivó en que padezca una incapacidad total.
El fallo condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar una suma superior -en total- a los dos millones de pesos en conceptos de daño moral, incapacidad sobreviniente, gastos futuros y tratamiento psicoterapéutico, todas ellos con más sus intereses.
¿Qué hacemos?
Estudio Pérez Carretta brinda asesoramiento jurídico integral a personas y empresas, abarcando las ramas civil, comercial, laboral, penal, familia y daños. Nos especializamos en la defensa del consumidor en entornos digitales, ciberestafas, delitos informáticos, evidencia digital y pericia forense.
Desde el área contable, acompañamos a monotributistas, autónomos y pymes con servicios de contabilidad, liquidación de impuestos, trámites fiscales y orientación financiera. A través de la Calculadora de Monotributo y el servicio de Contador Virtual, facilitamos el acceso a herramientas online para la gestión cotidiana.
En materia de seguros, nuestros servicios se encuantran habilitados como Productor Asesor de Seguros habilitada (Registro N.° 96243) y ofrecemos coberturas patrimoniales, de vida y, en especial, seguros de riesgo cibernético para proteger a las empresas frente a ciberataques, ransomware y robo de datos.